lunes, 20 de febrero de 2017

Tutela de derechos en el sistema penal acusatorio adversarial, México

Tutela de derechos
El sistema penal acusatorio, sistema de oralidad penal y otros nombres genéricos (nuevo sistema penal) tiene reglas distintas al sistema inquisitivo tradicional. Es por tanto natural que los operadores se encuentren con dificultades, tanto para conocer los nuevos alcances del proceso penal, como para ejercer las facultades que este les otorga.
La queja común es la dificultad de los defensores y a los asesores jurídicos, para obtener el acceso a las carpetas de investigación, con la debida oportunidad. Afectando con esta practica el derecho a la adecuada defensa de los imputados como del derecho al acceso a la justicia por lo que hace a las víctimas.
En la Defensoría Pública del estado de Guanajuato no es común observar ese problema, no en la sede San José Iturbide, sin embargo, en la sede San Luis de la Paz, sí se han dado casos. Los defensores particulares son, sin embargo, quienes realmente lo sufren, en general. La situación se presenta tanto si el abogado particular se constituye como coadyuvante y/o asesor jurídico (víctima) o como defensor (imputado).
Así las cosas, es necesario entender y comprender el origen de la tutela de derechos, el sustento legal para este ejercicio y conocer los medios de defensa a nuestro alcance.
La legislación aplicable, nos arroja luz para solicitar una audiencia ante el Juez de control y exponer la queja, a fin de que resuelva a efecto.
A destacar conviene conocer que el máximo ordenamiento jurídico expresamente reconoce esos derechos y obliga a los operadores del sistema a protegerlos sea víctima o inculpado.
A continuación algunas disposiciones aplicables al caso:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 20, apartado A fracción II. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
Código Nacional del Proceso Penal
Art 3.- Glosario
I. Asesor jurídico: Los asesores jurídicos de las víctimas, federales o de las Entidades federativas. Notemos que esta figura solo es en favor de las víctimas u ofendidos.
V. Defensor: Defensor público federal, defensor público o de oficio de las entidades federativas. Esta figura se refiere al abogado defensor. La figura del defensor de oficio es heredada del sistema inquisitivo o tradicional, sistema en donde se le conoce con este nombre, sabido es de todos, que los operadores jurídicos son muy estrictos en cuanto a la literalidad de la ley.
Artículo 4o. Características y principios rectores
El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes.
Artículo 16. Justicia pronta
Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.
Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata.
La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado... El párrafo tercero del presente, le otorga al ofendido el derecho a contar con un asesor jurídico, menciona gratuito, entendemos que se refiere a los casos en que no le es posible cubrir los gastos de un abogado particular que le asesore.
Artículo 57. Ausencia de las partes.
En su párrafo noveno indica que, ante la falta del asesor jurídico, se designará uno solicitado a la instancia correspondiente y de manera excepcional desempeñará el cargo el agente del Ministerio Público.
(Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato.ARTÍCULO61. Los defensores designados serán admitidos en el proceso de inmediato y sin ningún trámite, tanto por la policía como por el Ministerio Público, el juez o tribunal, según sea el caso.)
Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido.
I. A ser informado de los derechos que en su favor le concede la constitución.
II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia;
V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;
VII. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del proceso… (Igualmente en el artículo 49 fracc XIII)
XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código;
XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional;
Artículo 110. Designación de asesor jurídico
Artículo 113. Derechos del imputado
VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. (Igualmente Artículo 51 fracción VIII de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato).
Ley de atención y apoyo a la víctima y al ofendido del delito en el estado de Guanajuato; artículo 8 fracción XI. Recibir en forma gratuita, cuando la soliciten, copia simple o certificada de la denuncia o querella interpuesta ante el Ministerio Público.
Artículo 117. Obligaciones del defensor
IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa;
Artículo 128. Deber de lealtad
El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.
Ley del proceso penal para el Estado de Guanajuato. Artículo 38. El Ministerio Público otorgará, conforme a la ley, información objetiva y completa a los demás actores procesales sobre la investigación realizada y los conocimientos alcanzados...
Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
Apartado B, fracción VI. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa…
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
...El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa.
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales...



Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados;
XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución...
Artículo 308. Control de legalidad de la detención
... El Juez ... le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros.
Artículo 321. Plazo para cierre de la investigación complementaria.
Artículo 333. Reapertura de la investigación
Hasta antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiere re
chazado.
Artículo 337. Descubrimiento probatorio
El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este Código.
El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código.
La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su Defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más tardar tres días antes del inicio de la audiencia intermedia.
Es pues notorio la amplia mención y legislación respecto a la obligatoriedad del agente del ministerio público a entregar copia de las investigaciones y totalidad de elementos con que cuente la carpeta de investigación, en pocas palabras, mantener a las partes informadas de los avances en la investigación.
Con estos datos, como ya mencioné en supralíneas, es posible solicitar una audiencia para exponer ante el juez la negativa del agente del ministerio público a brindar acceso completo a la carpeta de investigación, de acuerdo con los defensores públicos que han recurrido a este medio de control la audiencia se solicita como audiencia de tutela de derechos.
Finalmente, es necesario mencionar que los defensores públicos al tratar asuntos tramitados conforme a la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, fundamentan su solicitud en el artículo 215 de la citada ley; mientras que si lo hacen en tramitaciones bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales lo fundamentan en el 134 fracción segunda.
Fuentes:
Código Nacional de Procedimientos Penales. H. congreso de la Unión. (Reforma del 17 de junio de 2016) Documento electrónico recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Reforma del 27 de enero de 2016). H. Congreso de la Unión. Documento electrónico recuperado el 02 de diciembre de 2017 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
El asesor Jurídico de la víctima, Sujeto procesal en muestra. Carlos Tovilla Padilla. (marzo 30 de 2015) Documento electrónico recuperado el 25 de noviembre de 2016 de http://proyectojusticia.org/asesor-juridico-de-la-victima-sujeto-procesal-en-muestra/
Ley del proceso Penal para el Estado de Guanajuato. H. Congreso del Estado. (Vigente hasta junio de 2016) Documento electrónico recuperado el 02 de diciembre de 2017 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Reforma del 27 de enero de 2016). H. Congreso de la Unión. Documento electrónico recuperado el 02 de diciembre de 2017 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Delitos de responsabilidad profesional

Delitos de responsabilidad profesional
    Es posible que el profesionista, en el ejercicio de su labor ocasione un daño a la persona o empresa a la que prestan su servicio; serán personas físicas quienes incurran en este tipo de delitos.
Médicos
Deberán atender hasta el final al paciente del cual se hicieron cargo, principalmente se habla de lesionados o enfermos terminales.
Directores, encargado o administradores de centros de salud.
Impedir la salida de un paciente, cuando este o los familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole.
Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos anteriores.
Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.
Encargados, empleados o dependientes de una farmacia.
Sustituir la medicina expresada en una receta, por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.
Encargados o administradores de agencias funerarias
Retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver.
Sujetos
Activo: Cualquier persona física profesionista, artista, técnico o auxiliar.
Pasivo: La sociedad y el estado.
Objeto
Material: La sociedad y el estado.
Jurídico: Ejercicio adecuado de la profesión.
Conducta típica
    El sujeto activo, en el desempeño de su profesión, afecta al sujeto pasivo del delito.
Culpabilidad
    Puede ser doloso o culposo.
Consumación
    Instantánea, este delito se consuma cuando el activo realiza la acción u omisión.
Perseguibilidad
    Es perseguible de oficio
Penalidad
    Además de las penas corporales y pecuniarias a que se hagan acreedores, los involucrados serán suspendidos por cierto tiempo en el ejercicio de la profesión. Estarán obligados a la reparación del daño y serán responsables por los actos de sus auxiliares cuando estos actúen por su orden.
Delitos de abogados, patronos o litigantes
    Los abogados, patrono o litigantes cometen delitos en el ejercicio de su profesión cuando:
Promueven juicios basados en hechos falsos o en leyes que ya no existen.
Promover incidentes o recursos con el único fin de retrasar el juicio.
Utilizar documentos falsos o presentar testigos falsos.
Simule un acto jurídico o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto contrario a la ley.
Dejar de llevar la defensa sin motivo justificado.
Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que solo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad condicional, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa.
El defensor no presenta las pruebas correspondientes para probar la inocencia de su cliente en tiempo y forma legales.
Sujetos
    Activo: Persona física, abogado, patrono o litigante.
    Pasivo: Persona física o moral
Objetos
    Material: Persona a quién se representa
    Jurídico: Desempeño adecuado del ejercicio de la profesión.
Conducta típica
    Incumplir con sus funciones en el ejercicio de su trabajo, el abogado, patrono o litigante.
Culpabilidad
    Doloso
Consumación
    Instantánea, se consuma en el momento en que el abogado, patrono o litigante realiza la conducta.
Perseguibilidad
    Perseguible de oficio, excepto el abandono de la defensa.

Titulo tercero; de los delitos contra la procuración y administración de justicia; Capítulo II
Delitos de Abogados, Patronos y Litigantes; artículo 265, Código Penal del Estado de Guanajuato.

martes, 21 de junio de 2016

Es una revisión de rutina joven


En 2011 volviendo de Puebla con destino Tula, Hgo., alrededor de las 0300 hrs., en domingo, circulando por la avenida... Ceylan?… Jesús Reyes Heroles, en la colonia Tabla Honda, en Tlalnepantla, Edo. Méx. En dirección norte. Recién me incorporé del Acueducto Tenayuca a la Avenida Jesús Reyes Heroles, me alcanza una patrulla (si es que se le puede llamar así) la cual, sin rótulos, placas, solo torretas y colores distintivos; su conductor, en iguales condiciones, solo vestía un intento de uniforme, sin identificador visible. Las condiciones del patrullero las noté hasta después de detenerme y que éste se apeó.
De entrada, no me detuve donde me indicó, le hice señas y me detuve hasta frente a la gasolinera que se encuentra en la colonia Tabla Honda (un poco más de seguridad, por lo menos habría testigos); luego, me aseguré de tener los seguros puestos y no bajé el vidrio más allá de donde fuera posible la comunicación con el tipo; la conversación fué la siguiente:
- Revisión de rutina, ¿me permite su licencia?
- No existen las revisiones de rutina oficial.
- ¿Quien dice? ¿Eres hijo del presidente o que?
- Soy un ciudadano y no le dí motivos para detenerme. No tiene motivos para ninguna revisión.
- ¿Que te sientes muy chingón?
En ese momento ya estaba yo marcando a 066 (que dicho sea de paso, sirve para dos cosas); al contestar le indique que me detuvo un policía del estado de México en Ceylan sin razón alguna, que por favor me comunicara a donde pudiera recibir ayuda. Me transfirió a un número en el que nunca contestaron.
- ¿Aquí nos vamos a quedar toda la noche?
- De usted depende oficial, no tiene motivos para la revisión y si no resuelve me tengo que ir. No le dí motivos para detenerme. – siempre con el vehículo cerrado--
- Solo muéstrame tu licencia para que te vallas.
- Deme la razón para ello y con todo gusto
- Nada más eso y te vas
Finalmente le muestro la licencia a través del vidrio (ya me estaba dejando ir prácticamente), acto seguido me indica que puedo continuar. Para ese momento ya estaba yo marcando nuevamente a 066 para pedirle que grabara la conversación y no me transfiriera a menos que me atendiera alguien con toda seguridad. Ya no fue necesario.
La razón de esto es que para empezar, en esa época las únicas unidades facultadas a detener vehículos eran solo ciertos tipos bien identificadas, creo que sigue igual. Luego, ya desde entonces y un poco antes, se estableció que los agentes de tránsito solo pueden detener vehículos que hayan cometido faltas al reglamento y se les prohíbe la detención para meramente revisar documentos.
Buscaré el documento emitido por el estado de México; puedes defenderte sin temor a equivocarte invocando el artículo 16 constitucional:
Artículo 16.Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
Artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, ...“cuando en la averiguación previa el ministerio publico estime necesaria la practica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no la hubiere a la del orden común
La sección segunda del capítulo II del título único de la Ley de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato igualmente trata de los cateos. Ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales, igualmente establece el requisito de autorización por parte del Juez de control para realizar cateos.
Artículo 14. ...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
Explico:
Significa que solamente un Juez (autoridad competente) se encuentra facultado para emitir una orden de cateo, de la definición de la palabra cateo obtenemos que se refiere a inspeccionar un lugar; para nuestro ejemplo ese lugar es tu automóvil y, que el policía o agente de tránsito debe portar una orden de cateo para poder revisar tus documentos. Si bien, los cateos se refieren en la doctrina a los hogares, el artículo 16 constitucional extiende su protección a las posesiones, documentos, persona y familia.
Ojo, que dije revisión de rutina. Ya que si cometiste una falta al reglamento de tránsito estarás en el supuesto de flagrancia, por lo que deberás asumir responsabilidades; recuerda que, si es el caso, su proceder estará motivado.
Cada situación es diferente, es posible que puedas colocarte en la posición que asumí o que debas argumentar un poco más; una posibilidad es: Sr. agente, el articulo 16 constitucional prohíbe las revisiones de rutina, al no tener usted motivos ni fundamentos para la revisión deberá dejar que me retire, de lo contrario estará incurriendo en abuso de autoridad.
El 066 es una herramienta útil ya que es posible que le solicites al operador, previa exposición de tu situación, que te apoye con el envío del comandante (la misma gata) o el director de la corporación (mejora un poco la situación) y por supuesto pídele que no te cuelgue. Ellos, por radio, se enlazan con la dirección que corresponde y les girarán instrucciones.
Con esto no te digo que evadas la acción de la justicia, ni siquiera que abuses de tus derechos, la intención es que puedas defenderte de los agentes abusivos que aún existen. Por supuesto haz conciencia; si te pasas un rojo, excedes la velocidad, etc. Deberás asumir tu responsabilidad, recuerda que dice el slogan famoso, “la seguridad somos todos”.

jueves, 9 de junio de 2016

¿Qué es la contrademanda?

En el presente trabajo se hará mención al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, vigente al 09 de junio de 2016 como C.P.C.
 
Reconvención
 
Es común escuchar a que Fulano contrademandó a Sutano o, que Perengano contrademandará a Mangano. La palabra contrademanda se encuentra reconocida por numerosos juristas, es bien frecuente en los escritos académicos.
Sin embargo, los códigos, no manejan el termino contrademanda, sino unicamente el de reconvención.
No obstante lo anterior, contrademanda y reconvención se aceptan como sinónimos.

Requisitos

Solo existe reconvención habiendo demanda previa. De acuerdo al artículo 704F del C.P.C, segundo párrafo, “...solo será procedente cuando se funde en el documento base de la acción...” Significa esto que solo es posible formular reconvención por el asunto mismo de la demanda y no por otros.
Deberán las partes,en la reconvención, igualmente que en la demanda, “...ofrecer las pruebas que pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales o el escrito con sello de recibido, mediante el cual hayan solicitado, los documentos que no tengan en su poder”. Artículos 765 y 824
 
Contestación a la reconvención
 
La reconvención puede contestarse, para ello se ajustará el reconvenido a las reglas de la demanda y la contestación, lo que significa que el contravenido dispondrá de cinco días para contestarla, según lo dispone el
artículo 767 en su fracción I.

Competencia
 
Artículo 27 C.P.C. “Es juez competente para conocer de la reconvención, el que lo sea para conocer la demanda original. Si lo reconvenido excede la competencia del juez menor, será competente entonces el juez de partido”.
El C.P.C en el artículo 23 establece: “...los jueces menores serán competentes para conocer asuntos cuya cuantía sea igual o menor a la cantidad equivalente en pesos a dos mil salarios mínimos”, de ahí la necesidad de hacer notar el proceder, en el supuesto del párrafo anterior.
 
Conclusión
 
La reconvención es, por decirlo de manera entendible para el público en general, la contestación a la demanda principal, en la que se expresan nuevas peticiones a la autoridad en contra del demandante original.
La reconvención sigue las mismas reglas que la contestación ya que deberá ser presentada en el mismo instante que esta y, la demanda, debido a que deberá contener los mismos requisitos que ésta para que su procedencia.

sábado, 28 de mayo de 2016

Traslado de reos, diferencia con la extradición.


Traslado de prisioneros para cumplimiento de sentencia en su país de origen.
Artículo 18 párrafo séptimo Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Derivado del artículo mencionado en el párrafo que precede, surgió una conversación entre la Lic. Araceli Antonia García Ramírez y un servidor. La licenciada, en principio, entendió que el citado artículo hacia referencia a la extradición. A diferencia de la opinión vertida por la Lic. Araceli, este servidor en su muy particular interpretación considera que tal consideración manifiesta en la constitución, obedece al principio pro-persona. Considerando igualmente que se trata de una medida que atiende al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales y las garantías individuales.
La extradición la entiendo como una solicitud, o mejor dicho un proceso mediante el cual, un gobierno extranjero, solicita a otro homólogo, el envío de una persona, por lo regular bajo custodia ya en el país solicitado, para ser juzgado por delitos cometidos en el país solicitante o con efectos en este. De tal forma que no se trata de un beneficio para el presunto delincuente, sino que se realiza con fin de establecer un nuevo proceso en su contra. En tanto que el traslado de prisioneros para el cumplimiento de condena en su lugar de origen es solamente un acto de cooperación entre Estados, en donde el prisionero solamente es trasladado con el fin de proporcionarle cierta comodidad, buscando así un beneficio para él y, no por el contrario hacerle comparecer. A considerar de importancia para el presente tema es que, en el caso de traslado de prisioneros, es necesario que se exprese el consentimiento por parte de éstos en lugar de la obligatoriedad que supone la extradición.
El sentido de trasladar al prisionero a su lugar de origen, obedece al mismo principio que rige el párrafo octavo del mismo precepto constitucional en mención, “Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.” Significa que, si su lugar de origen es otra nación, se considera que esa nación en razón de ser el lugar de residencia de los familiares del prisionero y lugar de su lengua materna, tenga entonces mejores condiciones para reinserirse socialmente.
Conviene, como ya lo han hecho otros autores, distinguir la figura jurídica del traslado de otras figuras jurídicas como son la ya mencionada extradición, el intercambio de detenidos, la expulsión, el traslado para producción de pruebas y la ejecución de sentencia extranjera.
La naturaleza humanitaria del presente instituto es el eje rector y principal justificante, o quizá mejor llamado promovente y el requisito indispensable en la ejecución de la acción implícita de dicho instituto es el consentimiento obligado del prisionero, antes de su traslado.

Fuentes:

El Tratado de traslado de condenados extranjeros entre los países del Mercosur y asociados: Sus particularidades como instituto própio de cooperación penal internacional. Rayanesantos. (mayo 2013) http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/el-tratado-de-traslado-de-condenados-extranjeros-entre-los-pa%C3%ADses-del-mercosur-y-asociados-

CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO.
Nicaragua. (Junio 1993) Recuperado el 28 de mayo de 2016 de https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-57.html
Procedimiento “traslado internacional de reos a México y desde México”. SRE. (22 noviembre de 2012) Recuperado el 28 de mayo de 2016 de https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manproce/om/dgaj/pr-dgaj-18.pdf
Traslado de la sentencia de presos a sus lugares de origen. Burak Aydin. (junio 2012) Recuperado el 28 de mayo de 2016 de http://www.consultasmigratorias.com/traslado-de-la-sentencia-de-presos-a-sus-lugares-de-origen/


lunes, 22 de febrero de 2016

Derecho a una defensa adecuada


El derecho a la libertad y el derecho a la adecuada defensa.
Dos conceptos que van de la mano; el primero dependiente en su totalidad del segundo.
El día 18 de febrero de 2016 se esperaba la asistencia de dos inculpados a audiencia de vinculación. Audiencia a la que no asistieron los inculpados. Ellos atribuyen su inasistencia a que les informaron erróneamente la fecha de la audiencia. Las actuaciones previas se desconocen ya que el lugar donde se realizaron fue diverso.
Ese mismo día 18 se les llamó y se acordó que se presentaran en el despacho de la defensa a efectos de presentarlos ante el Juez con la finalidad de justificar su inasistencia y que la autoridad judicial proceda conforme a derecho. Los inculpados se presentan el día 19 conforme lo acordado con la defensa; acto seguido se redacta un escrito con el cual se presentaron los inculpados a juzgado con los fines descritos, de acuerdo al artículo 216 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato.
La defensa envía a un subalterno a fin de que traslade a los inculpados en vehículo. Se realiza el traslado sin contratiempos y se intenta presentar el escrito; entre tanto, llama por teléfono a juzgado para informar que ha referido a los inculpados y que les acompaña un escrito, además le explica el asunto. Sin embargo en el juzgado no les es recibido, con el argumento de que no presentaron identificación los inculpados, razón que imposibilita la recepción del mismo (11:40 hrs. Aprox.). Un acompañante de los inculpados, su patrón presumiblemente o temporalmente, según lo que ellos refieren, contacta a la defensa y refiere los hechos, entre los que destacan que durante una llamada telefónica con persona diversa en voz baja, se les preguntó sus nombres a los inculpados para, al finalizar la llamada, comunicarles la imposibilidad de recibir su escrito e invitarlos a volver a las 15:00 hrs.
Al retirarse los inculpados con rumbo a sus domicilios a fin de recabar documentos de indentificación son detenidos en el exterior del juzgado por policías ministeriales, los cuales no oyeron la explicación de los inculpados y se justificaron argumentando que deben cumplir órdenes.
Conociendo los hechos, la defensora convertida ahora en un energúmeno, realiza varias llamadas telefónicas; una a juzgado, otra a con la superiroridad del personal de juzgado y varias otras con las mismas personas. Entre sus argumentos se encuentran la falta de credibilidad de las instituciones que esta conducta ocasiona; la falta de credibilidad de la institución de la defensa por parte del personal de juzgado, toda vez que no se dio por identificadas a las personas remitidas.
En el transcurso de las horas nos enteramos que cerca de las 14:00 hrs. Aún no se registraba ingreso a los separos de ningún detenido y no se tenía razón ninguna del paradero de los inculpados aprehendidos desde las 11:40 hrs. Esta situación nos recuerda una discusión que habíamos considerado anteriormente acá. Posteriormente presentó la defensa un escrito a modo de queja:
...Que por medio del presente me permito anexar el escrito firmado por los inculpados de referencia los cuales el día de hoy aproximadamente a las 11:30 se presentaron ante ese H. Juzgado en donde refieren les informaron que no les podían recibir dicho escrito y que les dijeron que regresaran hasta las 15:00 hrs., que al salir de dicho juzgado de oralidad en la puerta ya se encontraban elementos de la Policía Ministerial los cuales procedieron a detenerlos, no obstante que estos habían ido voluntariamente al Juzgado para atender a la formulación de imputación cabe mencionar que la suscrita entable comunicación vía telefónica con la C. ... informándole que mis representados en ese momento se dirigían para el Juzgado de Oralidad a presentarse voluntariamente y que llevaban el escrito que por este medio se anexa, para estar a lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley del Proceso Penal, sin embargo fue hasta que el C. ..., quien puso en conocimiento de esta defensa lo acontecido y ya expuesto en supralineas...
Hasta aquí los hechos, ahora mi crítica:
Indiscutiblemente la persona que actuó viceralmente fue el personal de juzgado, quien de acuerdo a lo referido por el patrón de los inculpados, demoró intencionalmente la recepción del documento y debiera enfrentar una queja por lo menos en razón de fallas en la impartición de justicia; suponiendo además que llamó a la procuraduría con la finalidad de alertar a la policía de la presencia de los inculpados.
Los policías tienen igualmente sus fallas y la principal queja es esa falta de observancia en el sentido de que se debe poner a disposición de la autoridad judicial en este caso o del Agente del Ministerio Público en otros casos, sin demora; no se vale argumentar que se realizan investigaciones complementarias ni nada por el estilo para justificar con ello semejante dilación, dilación que realmente tiene otros oscuros propósitos. Agrego igualmente la incognita; ¿Acaso ante los policías si hubo una identificación plena de los inculpados? O ¿Aprehendieron a personas inocentes por el solo dicho del personal de juzgado? En ese caso, ¿eran o no identificables?
La defensa… tiene razón, es una falta la cometida por el personal del juzgado, la ley indica lo que se debe hacer y las posibilidades que tiene el inculpado al que se le ha girado orden de aprehensión (art 216 LPP Gto.).
Ahora bien, me surge una pregunta; ¿Qué hubiera sucedido si la defensa antepone “su obligación” a la pereza? Se me ocurre una escena, sin embargo, no será más, que mera especulación. Claro que insisto, a pesar de lo que sea; la defensora invoca el artículo 20 Constitucional en su apartado B, artículo que también debe hacer cumplir y vigilar que se cumpla la propia defensa, y el artículo 17 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, de la cual yo rescato la fracción I, y concluyo que fue la defensa la institución que desde un inicio desprotegió a los inculpados, así me insistan en que la defensa habló con personal del juzgado para informar de los inculpados que se presentarían ante el Juez por voluntad propia; ella debió acompañarlos.
En el actuar jurídico se tiene por norma fundamentar todo lo actuado; creo que da lo mismo si se fundamenta o no cuando no se tiene el profesionalismo ni la voluntad para ofrecer un servicio de calidad. Pierde sentido toda fundamentación si los operadores del sistema jurídico no se comprometen a realmente cumplir y hacer cumplir las leyes.
Sí, la ley dice que es un derecho del inculpado contar con una defensa adecuada, técnica y profesional; ¿y qué que lo diga? Si las personas encargadas, desde el defensor hasta la autoridad judicial no les interesa otra cosa que cobrar la quincena. Sin compromiso ni involucrarse en el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales no tiene sentido invocar tales preceptos; ¿Qué sentido tiene? Si vienen las personas a informarte que están citados en la Agencia del MP si les dices que vayan y que ahí les informarán del asunto y que, en caso de requerir defensor, los agentes llamarán a informar de la necesidad de defensor y que al no estar agendada la entrevista aquí con nosotros deberá esperar a que agenden y le citen de nueva cuenta. Ahora bien, ¿para qué exiges que te agenden? Si cuando lo hacen te esperas hasta la fecha y hora para llamar a la agencia y preguntar si ya está ahí el inculpado a efectos de trasladarte y, que si no ha llegado, te avisen cuando arribe para que tú apenas te traslades, así sea hasta distancias de 1 hora, si además le dices al inculpado o al MP "permíteme deja ver a quien le toca".
Corrupción no solamente es recibir o entregar dádivas (situación que no he visto, aclaro); es fallas en la operación del sistema, es decirle al MP que "le valla tomando datos" y en los peores casos "entrevístalo y luego (más tarde)  paso a firmarte"
¿Que sentido tiene recitar de memoria los elementos del delito, los tipos de culpa, etc., etc? Si no aplicas lo esencial.

martes, 16 de febrero de 2016

Demora para puesta a disposición de autoridad judicial


¿Plazo para poner a disposición de autoridad judicial al indiciado corre a partir de la detención material o de la detención formal?
El supuesto que se presenta es la argumentación del fiscal en el sentido de que se debe presentar al indiciado ante la autoridad judicial contadas máximo cuarenta y ocho horas contadas a partir de la detención formal y que ésta posición es apoyada por la autoridad judicial.
La opinión de este servidor sostiene que las cuarenta y ocho horas deberán contar a partir de la detención material y no así de la detención formal como lo pretende el fiscal.
Para sustentar lo anterior deberemos analizar las leyes respectivas con intención de esclarecer la actuación de la policía en las detenciones de los sospechosos de actividad delincuencial. De esta manera tomaré algunos artículos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, otros más de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato y dos tesis jurisprudenciales; las cuales trasncribo a continuación:
ARTÍCULO 183.- Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando las pruebas que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:
...Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien presentará al indiciado sin demora ante el Juez…
ARTÍCULO 183- Bis.- En los casos de delito flagrante y en los urgentes ningún indiciado podrá ser detenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en los casos de delincuencia organizada.
ARTÍCULO 184.- Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público.
...La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y se entregará inmediatamente al Ministerio Público, para que éste ordene a la Policía Ministerial del Estado su ejecución...
ARTÍCULO 185.-Cuando se trate de la aprehensión, el tribunal que dicte la orden la comunicará al Agente del Ministerio Público adscrito para que éste la entregue a la Policía Ministerial del Estado, a fin de que sea cumplimentada.
ARTÍCULO 186.- Siempre que se cumplimente una aprehensión en virtud de orden judicial, la Policía Ministerial del Estado que la haya ejecutado deberá de inmediato poner al aprehendido a disposición material del Tribunal respectivo, informando a éste acerca de la hora, día y lugar en que se efectuó la detención y rendirá informe de ello al Ministerio Público
Ley orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato
Artículo 6. Compete a la Procuraduría General de Justicia:
I. Procurar justicia a través de la institución del Ministerio Público;
Artículo 22. Párrafo segundo:
El Ministerio Público dirigirá la investigación de los delitos y, para ese efecto, las policías actuarán bajo su conducción y mando, en términos de lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.
Artículo 24. El Ministerio Público, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:
...IX. Dirigir y coordinar a la Policía Ministerial y otras policías en funciones de investigación, así como a los servicios periciales y a sus demás órganos auxiliares...
Artículo 25. Son auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos:
I. La Policía Ministerial
Artículo
26. La Policía Ministerial, los Servicios Periciales, los integrantes de las áreas de apoyo en la investigación de delitos de la Procuraduría y los demás auxiliares del
Ministerio Público deberán cumplir y hacer cumplir las órdenes del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones.

El servidor público que no atienda o retrase injustificadamente las órdenes del Ministerio Público se hará acreedor a las sanciones administrativas y penales conducentes en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Tesis aislada constitucional penal, Primera sala; Libro XX, mayo 2013, tomo 1; pág. 535
DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN.
El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.
Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.
Tesis aislada constitucional penal, primera sala; libro 3, febrero 2014, tomo I; pág. 643; décima época.
DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo derecho humano, éste no es absoluto, por lo que la citada norma fundamental también delimita exhaustivamente diversas hipótesis para su afectación, a saber: a) la orden de aprehensión; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el caso urgente. En tratándose de la flagrancia, esta Primera Sala ha puntualizado que la misma constituye una protección a la libertad personal, cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención, debe poder defenderla ante el juez respectivo. Ahora bien, por cuanto se refiere al derecho fundamental de "puesta a disposición ministerial sin demora", es dable concluir que dentro del régimen general de protección contra detenciones que prevé el artículo 16 constitucional, se puede derivar la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas. Así, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público; desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resulten inadmisibles como serían la presión física o psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos de la investigación. En suma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la violación al derecho fundamental de "puesta a disposición del indiciado ante el Ministerio Público sin demora" genera como consecuencias: a) la anulación de la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el juez; y, c) la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, sin la conducción y mando del Ministerio Público; es decir, sin la autorización de este último. No obstante, debe precisarse que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores, como la obtención de pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención del inculpado que determinen que ésta sea considerada inconstitucional.
Amparo directo en revisión 3229/2012. 4 de diciembre de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho a formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Julio Veredín Sena Velázquez, José Alberto Mosqueda Velázquez, Javier Mijangos y González, José Díaz de León Cruz, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos y Francisco Octavio Escudero Contreras.
Opinión
El artículo 183 bis del CPP nos indica que en los casos de delito flagrante y en los urgentes ningún indiciado podrá ser detenido por el Agente del Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas. Cabe hacer notar que en los casos en que se cumplimenta orden de aprehensión emitida por autoridad judicial la puesta a disposición deberá ser inmediata de acuerdo al artículo 186 del CPP. Es en el 183 bis en que se apoya y justifica el Agente del Ministerio Público argumentando la hora en que lo tuvo a disposición, señalando para efectos la misma.
No es desconocido que los agentes de policía, que aprehenden a los inculpados, los retengan más tiempo del estrictamente necesario para ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público.
Ahora bien considerando la nota que hace el párrafo anterior es opinión personal que la detención material será la que defina la hora en la cual se basará el cómputo del tiempo para poner a disposición de autoridad judicial a cualquier indiciado por las siguientes consideraciones:
De la lectura e interpretación de varios artículos del CPP y otros de la Ley Orgánica del Ministerio Público se desprende que la policía actúa siempre en auxilio del Ministerio público1 y siempre bajo sus órdenes2. Por lo que es de entender que la aprehensión material es realizada por el Agente del Ministerio Público.
Atención especial en el artículo 183 bis, mismo en el que se basa el fiscal para su pretensión y que dice ...ningún indiciado podrá ser detenido por el Ministerio Público… efectivamente no es el agente en persona quien realiza la detención material, sino los agentes ministeriales que actúan bajo su coordinación, en su auxilio y por su orden.


Si consideramos además que hablando de flagrancia se tienen los elementos necesarios para integrar la carpeta de investigación desde el momento mismo de la detención y que en casos urgentes, existe ya una base firme sobre la que suponer la comisión del delito por el indiciado y que además las policías actúan dentro de circunscripciones territoriales llamadas partidos judiciales, las cuales no son tan extensas como para justificar un tiempo excesivo en traslados, es inadmisible aceptar que ese tiempo de traslado perjudique de alguna manera la investigación, siendo que existen igualmente medios para trasladar al indiciado y paralelamente continuar con la investigación.
En ese orden de ideas considero justificada mi posición de que debiera ser la hora de la detención material la que rija en el cómputo para la puesta a disposición de autoridad judicial del indiciado.
1 Artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio público del Estado de Guanajuato
2 Artículos 183 fracción III párrafo 2º, 183 bis, 184 párrafo 3º, 185, 186 del CPP, 22 párrafo 2º, 24 fracción IX y 26 de La Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato.

En atención a los acertados comentarios que amablemente me dirigió la Licenciada Araceli Antonia García Ramírez en el sentido de que la ley que debo discutir es la vigente, y toda vez que a partir de 2011 la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato es la que rige en la región uno, me remito a ella a fin de identificar lo que contiene.
Si bien, en cuanto a su contenido, el número de contenido es menor, no así la sustancia del mismo; siendo así que igualmente el referido ordenamiento confirma lo ya establecido y nos deja claro que las policías se manejan al mando del Ministerio Público.
ARTÍCULO 36. Dentro del proceso penal, el Ministerio Público tendrá las siguientes facultades:
IV. Ordenar a la policía que impida el acceso a toda persona ajena a las diligencias de recopilación de información y proceda a la clausura temporal, si se trata de local cerrado, o a su aislamiento, si se trata de lugar abierto.
VI. Vigilar que la policía cumpla con los requisitos de legalidad de los actos de investigación preliminar que ésta lleve a cabo, bajo su dirección;
ARTÍCULO 43. En el ejercicio de investigación de delitos, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
ARTÍCULO 44. Los servidores públicos y los agentes de los cuerpos de seguridad pública deberán cumplir inmediatamente las órdenes que les dirijan los jueces y el Ministerio Público.
El Ministerio Público dirigirá y orientará a la policía investigadora y a los cuerpos de seguridad pública cuando éstos deban prestar auxilio en las labores de investigación.
ARTÍCULO 45 segundo párrafo ..., en cuanto realicen actos propios de policía de investigación, estarán bajo la dirección y autoridad del Ministerio Público.
ARTÍCULO 47. La policía no podrá recibir declaración al inculpado, pero podrá entrevistarlo para constatar su identidad.
ARTÍCULO 213. Corresponde al Ministerio Público realizar y dirigir la investigación preliminar.
Podrá realizar por sí mismo todas las diligencias de investigación preliminar que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, o encomendarlos, bajo su conducción y mando, a la policía y demás órganos
 

http://congresogto.gob.mx/uploads/codigo/pdf/4/Co_digo_de_Procedimientos_Penales_para_el_Estado_de_Guanajuato_7_JUL_2015.pdf